Mi columna de Estrategia 1 junio 2007
Enrique Goldfarb
Finalmente sucedió lo que era perfectamente posible. El gas natural está a punto de colapsar y con ello forzará a hacer enormes cambios o aguantar grandes apreturas mientras se espera que pase la crisis.
La decisión de las autoridades años atrás fue extrema. Lanzarse a depender de un solo proveedor, Argentina, sobre la base de un gobierno estable, racional y cumplidor de sus obligaciones.
Recuerdo haber asistido a una charla de uno de los altos ejecutivos que lideraban esta transformación de la matriz energética, quien ante mi pregunta de cómo se solucionaría el fallo del suministro por razones de política exterior, u otras, simplemente se enojó, aduciendo que imaginándose lo “imposible”, no se podían hacer proyectos. Me dije a mi mismo que llegada la oportunidad, lo comentaría públicamente y ha llegado esa ocasión. Recientemente, y en el momento de la “caza de brujas”, este punto fue reafirmado por Viviane Blanlot, subsecretaria de Energía en la época, quien lanzó luces amarillas que finalmente le costaron el puesto.
Es una postura posible, la extrema, muy relacionada con los ingresos de corto plazo de los responsables de la iniciativa aunque no necesariamente la más aconsejable.
Quisiera extractar de este hecho algunas lecciones para Chile. Y la primera de ellas es que es imposible hacer políticas públicas cuando las decisiones están sujetas a la anuencia de las empresas privadas involucradas. Y ello porque no está escrito en ninguna parte, ni siquiera en la doctrina más dura de la Escuela de Chicago, que lo que conviene al Chile corporativo es lo que conviene al país.
Lo que no significa que no haya que considerar su impacto en el sector privado, en el sector productivo en general, ya que ellos son usuarios fundamentales de la energía producida. Pero con el clima tenso de quienes están detrás del proyecto, con todas las influencias –legítimas e ilegítimas - que despliegan, con la respuesta partisana y tajante a mano, evidentemente no hay políticas públicas.
Una actitud similar pareció primar, esta vez mirando las conveniencias políticas del gobierno de turno, y del anterior, cuando a trocha y mocha se echó para adelante con el Transantiago, con los resultados que conocemos
Creo que toda la política económica chilena está montada sobre la misma base. La agenda no sale del gobierno, y ni siquiera de los gremios como foco de análisis global. Sale de ciertas y definidas grandes empresas involucradas en el tema de turno. Su aplauso es todo el reconocimiento que las autoridades de gobierno esperan. Y así se construyen las políticas públicas en Chile.
Finalmente sucedió lo que era perfectamente posible. El gas natural está a punto de colapsar y con ello forzará a hacer enormes cambios o aguantar grandes apreturas mientras se espera que pase la crisis.
La decisión de las autoridades años atrás fue extrema. Lanzarse a depender de un solo proveedor, Argentina, sobre la base de un gobierno estable, racional y cumplidor de sus obligaciones.
Recuerdo haber asistido a una charla de uno de los altos ejecutivos que lideraban esta transformación de la matriz energética, quien ante mi pregunta de cómo se solucionaría el fallo del suministro por razones de política exterior, u otras, simplemente se enojó, aduciendo que imaginándose lo “imposible”, no se podían hacer proyectos. Me dije a mi mismo que llegada la oportunidad, lo comentaría públicamente y ha llegado esa ocasión. Recientemente, y en el momento de la “caza de brujas”, este punto fue reafirmado por Viviane Blanlot, subsecretaria de Energía en la época, quien lanzó luces amarillas que finalmente le costaron el puesto.
Es una postura posible, la extrema, muy relacionada con los ingresos de corto plazo de los responsables de la iniciativa aunque no necesariamente la más aconsejable.
Quisiera extractar de este hecho algunas lecciones para Chile. Y la primera de ellas es que es imposible hacer políticas públicas cuando las decisiones están sujetas a la anuencia de las empresas privadas involucradas. Y ello porque no está escrito en ninguna parte, ni siquiera en la doctrina más dura de la Escuela de Chicago, que lo que conviene al Chile corporativo es lo que conviene al país.
Lo que no significa que no haya que considerar su impacto en el sector privado, en el sector productivo en general, ya que ellos son usuarios fundamentales de la energía producida. Pero con el clima tenso de quienes están detrás del proyecto, con todas las influencias –legítimas e ilegítimas - que despliegan, con la respuesta partisana y tajante a mano, evidentemente no hay políticas públicas.
Una actitud similar pareció primar, esta vez mirando las conveniencias políticas del gobierno de turno, y del anterior, cuando a trocha y mocha se echó para adelante con el Transantiago, con los resultados que conocemos
Creo que toda la política económica chilena está montada sobre la misma base. La agenda no sale del gobierno, y ni siquiera de los gremios como foco de análisis global. Sale de ciertas y definidas grandes empresas involucradas en el tema de turno. Su aplauso es todo el reconocimiento que las autoridades de gobierno esperan. Y así se construyen las políticas públicas en Chile.
